El Gobierno confirmó el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca que se encontraba en tramitación en el Congreso y que había sido impulsado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
La iniciativa, que buscaba reemplazar la cuestionada Ley Longueira, llevaba más de dos años de discusión legislativa, pero no alcanzó a ser votada en la sala, lo que permitió su retiro formal por parte del Ejecutivo.
En términos prácticos, la decisión implica que se mantendrá vigente la actual normativa pesquera, una legislación que ha sido objeto de críticas sostenidas, especialmente desde el sector de la pesca artesanal.
Desde el Gobierno se ha indicado que el retiro no significa desechar completamente el trabajo realizado, sino abrir un proceso de revisión, ajustes y eventualmente la presentación de una nueva propuesta.
Sin embargo, la medida generó reacciones inmediatas. Desde la oposición y sectores vinculados a la pesca artesanal, se ha cuestionado la decisión, señalando que podría representar un retroceso en la discusión y afectar los equilibrios alcanzados, además de favorecer a la gran industria por sobre los pequeños actores.
El debate cobra especial relevancia considerando que la legislación pesquera regula uno de los recursos estratégicos del país: el mar. Aspectos como la distribución de cuotas, el acceso a la pesca y la participación en el mercado están directamente vinculados a esta normativa.
En este contexto, el retiro del proyecto reabre una discusión de larga data en Chile, donde confluyen intereses económicos, sociales y territoriales. Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de mejorar la propuesta, distintos sectores advierten que el proceso podría dilatar aún más una definición que comunidades costeras y trabajadores del rubro esperan desde hace años.
