El Gobierno anunció el inicio de un proceso para cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), una medida que comenzará a aplicarse en los próximos días y que apunta principalmente a deudores con mayores ingresos.
Según se ha informado, la Tesorería General de la República iniciará notificaciones y gestiones de cobro, en un plan que incluso podría incluir retenciones de dinero o acciones más estrictas para recuperar los recursos adeudados al Estado.
Esta decisión se da en medio de una fuerte polémica política, luego de revelarse que ocho diputados en ejercicio y al menos seis autoridades de Gobierno mantienen deudas impagas asociadas a créditos universitarios.
Los montos adeudados varían considerablemente, desde poco más de un millón de pesos hasta cifras cercanas a los 40 millones, lo que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las autoridades públicas frente a obligaciones financieras con el Estado.
El Ejecutivo ha sido enfático en señalar que el CAE es un crédito que debe pagarse, descartando la idea de condonaciones automáticas y apuntando a mejorar la recaudación fiscal en un contexto de estrechez económica.
Sin embargo, el hecho de que parlamentarios y autoridades figuren como morosos ha generado críticas desde distintos sectores, cuestionando la coherencia del discurso gubernamental y aumentando la presión política en torno a esta medida.
