Frutillar. Un mirador y un tótem interactivo con información turística, ubicados en el sector Los Bajos de Quilanto, fueron destruidos luego de que un particular solicitara su demolición, argumentando que las estructuras se encontraban emplazadas en un terreno de su propiedad.

Las obras habían sido construidas con recursos públicos gestionados a través del Gobierno Regional y Sernatur, con el objetivo de fortalecer la oferta turística del sector y entregar información a los visitantes.

Particular reclamó uso de un predio privado

Según los antecedentes conocidos, el propietario del terreno sostuvo que las estructuras ocupaban parte de un predio privado, motivo por el cual solicitó su retiro. La situación derivó finalmente en la demolición del mirador y del tótem informativo.

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Sin embargo, exautoridades de Frutillar sostienen una versión distinta. Aseguran que antes de ejecutar el proyecto se realizaron estudios de suelo y de dominio, concluyendo que las obras fueron levantadas en una faja fiscal, por lo que cuestionan la decisión adoptada.

Caso ya había sido denunciado a Contraloría

La controversia no es nueva. De acuerdo con los antecedentes, el proyecto fue denunciado anteriormente ante la Contraloría General de la República para que determinara si la construcción se realizó efectivamente en un bien nacional de uso público o en un terreno privado.

Ese pronunciamiento será clave para establecer si existieron errores en la planificación del proyecto, en la delimitación de los terrenos o en la ejecución de las obras financiadas con recursos fiscales.

Alcalde reconoce que funcionarios demolieron las estructuras

Consultado por la situación, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, confirmó que fueron funcionarios municipales quienes realizaron la demolición de las estructuras.

No obstante, precisó que la acción no obedeció a una instrucción directa del jefe comunal, agregando que actualmente el municipio se encuentra realizando un análisis jurídico para esclarecer cómo fue posible construir infraestructura financiada con fondos públicos en un lugar cuya propiedad hoy es objeto de controversia.

Determinar responsabilidades

El caso abre una serie de interrogantes que deberán ser resueltas por las instancias correspondientes:

  • Si el terreno donde se emplazó el proyecto era efectivamente una faja fiscal o un predio privado.
  • Si existieron errores administrativos durante el diseño y ejecución de la iniciativa.
  • Qué organismo deberá asumir la eventual responsabilidad por la pérdida de infraestructura financiada con recursos públicos.
  • Si corresponde iniciar acciones para recuperar los fondos invertidos o establecer responsabilidades administrativas.

Mientras se desarrolla la revisión jurídica municipal, se espera que los antecedentes también sean analizados por la Contraloría General de la República, organismo que deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos y en la ejecución del proyecto turístico.