En democracia, una denuncia ciudadana no es una sentencia. Tampoco es un hecho probado. Es el punto de partida para que las instituciones hagan aquello para lo que fueron creadas: investigar, fiscalizar y entregar respuestas a la comunidad.

Eso es precisamente lo que parece ocurrir en este caso.

La denuncia difundida por InterradioTV, junto con los antecedentes expuestos en el programa "Frutillar Mucho Mejor", conducido por Ramón Espinoza, puso sobre la mesa una preocupación ciudadana concreta: la existencia de una descarga de aguas desde un camión en un sector cercano al Lago Llanquihue y la necesidad de determinar su origen y eventual impacto ambiental.

Publicidad InterradioTV

La cobertura periodística nunca podía reemplazar el trabajo de los organismos técnicos. Su función era otra: informar, visibilizar un hecho de interés público y ponerlo en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes.

A ello se sumó un elemento de gran valor técnico: la participación del ex seremi del Medio Ambiente, Jorge Pasminio, quien aportó contexto respecto de la normativa ambiental, explicó las competencias de los organismos fiscalizadores y advirtió sobre los eventuales riesgos que una situación de esta naturaleza podría representar para un ecosistema tan sensible como el Lago Llanquihue. Esa intervención permitió elevar el debate desde una simple denuncia hacia una discusión basada en criterios ambientales y regulatorios.

Posteriormente aparece el relato del alcalde Javier Arismendi. Lejos de invalidar la existencia de la denuncia, su intervención confirma aspectos fundamentales que justificaban la preocupación inicial.

El propio alcalde informa que hubo una visita al lugar, que se efectuó un análisis en terreno, que se tomaron tres muestras para laboratorio, que participó personal de la Seremi de Salud y que se espera el resultado de esos análisis para confirmar o descartar contaminación.

Es decir, el relato institucional no elimina la denuncia; por el contrario, demuestra que la denuncia generó una respuesta de los organismos competentes.

Y aquí hay una diferencia que conviene comprender.

Una cosa es denunciar un hecho que merece investigación.

Otra muy distinta es afirmar que un delito ambiental ya está probado.

La primera función corresponde a la ciudadanía y a los medios de comunicación responsables. La segunda corresponde exclusivamente a las autoridades fiscalizadoras y a los organismos técnicos.

Por eso, no parece necesario instalar una lógica de confrontación entre la denuncia periodística y la respuesta institucional. Ambas cumplen roles distintos y complementarios.

Sin denuncia ciudadana probablemente no existiría fiscalización.

Sin fiscalización tampoco existiría una respuesta técnica que permita confirmar o descartar los hechos denunciados.

Ambas etapas forman parte del mismo proceso.

Cuando un medio informa responsablemente sobre una situación que posteriormente motiva inspecciones, toma de muestras y participación de autoridades sanitarias, ello demuestra que la preocupación tenía suficiente entidad para ser investigada. Eso no significa que la contaminación esté acreditada, pero sí confirma que la denuncia merecía ser revisada por los organismos competentes.

En ese contexto, el relato del alcalde no debiera entenderse como una descalificación de la labor periodística, sino como la continuación institucional del proceso iniciado con la denuncia ciudadana.

Al final, lo verdaderamente importante no es quién aparece primero frente a las cámaras, sino que la comunidad obtenga respuestas claras, basadas en evidencia científica y en actuaciones transparentes de las autoridades.

Porque cuando cada actor cumple correctamente su función —los vecinos denunciando, los medios informando, los especialistas aportando conocimiento técnico y las autoridades fiscalizando— quien realmente gana es la confianza pública y la protección del interés común.  

José Mancilla Maldonado. Director de InterradioTv