La Contraloría General de la República emitió un nuevo reporte de análisis que detecta importantes deficiencias en la ejecución del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, revelando falencias tanto en los registros nacionales como en la gestión realizada por numerosas municipalidades del país.

El informe indica que entre 2017 y marzo de 2026 los municipios recibieron más de $33.647 millones para implementar acciones relacionadas con la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Sin embargo, el organismo fiscalizador identificó diversas situaciones que ponen en riesgo el correcto uso de estos recursos públicos.

Entre los principales hallazgos se encuentra que 25 municipios aún no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable, mientras que 61 comunas reconocieron no realizar jornadas de rescate animal ni de control de población, pese a haber recibido más de $4.809 millones para desarrollar estas iniciativas.

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Asimismo, la Contraloría informó que 162 municipalidades no respondieron los requerimientos sobre el destino de $16.397 millones transferidos por la SUBDERE desde 2022, dificultando la fiscalización del uso de dichos fondos.

El análisis también evidencia problemas en la identificación de animales potencialmente peligrosos. De los 39.987 perros registrados, sólo 748 propietarios han realizado el curso obligatorio de adiestramiento, además de detectarse inconsistencias en los registros de propietarios.

Otro de los antecedentes relevantes señala que 31 municipios mantienen o financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal de Mascotas y que 178 municipalidades carecen de lectores de microchip o no entregaron información sobre este equipamiento.

Frente a estos resultados, la Contraloría anunció una fiscalización a la SUBDERE respecto del uso de los recursos transferidos para el programa de protección animal y ordenó que las municipalidades que aún no poseen una ordenanza sobre tenencia responsable la elaboren en un plazo de 90 días, debiendo informar posteriormente su cumplimiento al organismo contralor.