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La medida refuerza el principio de prescindencia política y busca impedir que la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos sea utilizada para promover la imagen personal de las autoridades de cara a futuros procesos electorales.
La Contraloría General de la República emitió un nuevo criterio administrativo que establece límites claros sobre el uso de las redes sociales por parte de los alcaldes cuando difunden información relacionada con la gestión municipal.
El pronunciamiento, contenido en el dictamen N.º OF128769N26, dado a conocer el 10 de julio de 2026, señala que las autoridades comunales no podrán atribuirse como un logro personal la ejecución de obras, proyectos o programas financiados con recursos públicos, ni relacionarlos con promesas de campaña o mensajes que puedan interpretarse como propaganda electoral.
Información institucional sí, promoción personal no
La Contraloría aclaró que las municipalidades pueden continuar informando a la comunidad sobre el avance de proyectos, inauguraciones de obras y otras acciones de interés público. Sin embargo, dichas publicaciones deben tener un carácter estrictamente informativo y no pueden utilizarse para destacar la figura personal del alcalde o sugerir que las iniciativas corresponden a logros individuales.
El organismo recordó que las obras ejecutadas son resultado de la gestión institucional del municipio y del uso de recursos públicos, por lo que no deben presentarse como méritos personales de la autoridad de turno.
También alcanza a las cuentas personales
El criterio de la Contraloría no solo se aplica a las cuentas oficiales de los municipios. También establece que los alcaldes deben respetar el principio de probidad administrativa al utilizar sus redes sociales personales cuando publiquen contenidos relacionados con el ejercicio de sus funciones, especialmente si involucran recursos, personal o infraestructura municipal.
Objetivo: resguardar la igualdad en el proceso electoral
La medida forma parte de las acciones preventivas impulsadas por la Contraloría con miras al próximo ciclo electoral, buscando garantizar igualdad de condiciones entre quienes participen en futuras elecciones y evitar el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas.
Asimismo, el organismo advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría dar origen a procesos de fiscalización y eventuales responsabilidades administrativas.
El origen del dictamen
El nuevo criterio surgió a raíz de un caso analizado por la Contraloría respecto del uso de redes sociales por parte del alcalde de Huechuraba. A partir de ese pronunciamiento, el organismo fijó una jurisprudencia administrativa que servirá de referencia para todas las municipalidades del país en materias de comunicación institucional y probidad administrativa.